RESOLUCIÓN DISCRIMITARIA

Resolución 2974

Una vez más podemos afirmar categóricamente que al gobierno de la provincia de Entre Ríos no le interesa la educación pública de gestión estatal, más allá que las instituciones de gestión privada tengan necesidades que se deban cubrir, debemos ser conscientes que hay viejas escuelas de gestión estatal que están faltas de todo, especialmente en la parte pedagógica donde se necesitan cargos y horas importantes para el buen funcionamientos de las organizaciones escolares.
Nuevamente podemos afirmar que al estado provincial le conviene sostener instituciones de gestión privada que de cuando en cuando le solicitan un subsidio para remodelación, limpieza, sin molestar demasiado. ¿Qué le interesa al estado una escuela estatal, donde la mayoría de los docentes no puede realizar las medidas de fuerza acordadas en congresos atendiendo a su estado económico individual? ¿Quién puede decir que estamos bajo un estado de derecho? Opresión a los trabajadores, connivencia con las jerarquías policiales, aprietes de los cuadros políticos locales están llevando a la escuela pública de gestión estatal a la ruina o lo que es peor, al estrés de los trabajadores para conseguir medios dignos de subsistencia.
No puedo dejar de expresarme ya que hace más de 10 años la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 13 (Ex- CENS 64) está enviando notas para la creación del cargo Asesor Pedagógico y el de Preceptor mucho antes. Mientras vemos cómo la escuela de gestión privada, creada en 2008, cuenta con todos los cargos necesarios ( que así debe ser, por otra parte y nos alegramos por sus docentes y alumnos) para poder funcionar en mejores condiciones pedagógicas que nuestra institución con más de 30 años de existencia. ¿Cuál es la particular distinción que se hace en este caso? Simplemente discriminatoria, no puedo encontrar otra razón, ya que hemos cumplimentado todos los pasos de solicitud de cargos como lo exige la administración del CGE. ¿Estarán esperando que no tengamos alumnos que quieran concurrir a una escuela desmantelada, y por consiguiente cerrarla, sacándose un dolor de cabeza?
Seguramente muchos funcionarios políticos criticarán mi postura y denuncia, tildándome de opositora, pero ¿cómo no oponerme a estos hechos inexplicables para cualquier funcionario coherente, ligado al conocimiento de las organizaciones escolares de la provincia, del departamento, sabedores de las necesidades mínimas y máximas de cada una de las escuelas, porque se las recorre, porque se habla con su personal directivo, porque se los recibe, escucha y se gestiona junto a ellos? Ojalá en algún momento podamos ver revertida esta situación poco agradable. Nos piden equidad y no la llevan a cabo en los estamentos gubernamentales, tenemos que enojarnos, denunciar públicamente, informar constantemente a padres y alumnos las demoras en las documentaciones solicitadas, en la entrega de boletines de inasistencia o de calificaciones, solicitar colaboración monetaria, vender rifas, hacer eventos y campañas para comprar desde las tizas hasta un mapa, rogar a los ex alumnos que nos compren o regalen lavandina, golpear las puertas de los sectores empresariales o cooperativistas para que hagan el trabajo del estado, mientras que los funcionarios políticos nos exigen solamente documentación en regla, papeles a tiempo. De esta manera nada mejorará en nuestras instituciones de gestión estatal, sólo se agravarán las situaciones de necesidad, serán escuelas por el nombre, no por la gestión de sus trabajadores.

Sofía de Lourdes Fernandez
Agmer Basavilbaso