En conocimiento de la existencia de una presentación realizada por entidades
vinculadas a personas con discapacidad, ante el MEN y el CFE, donde se
cuestiona algunos aspectos de las Resoluciones del CFE N 155 y 174 y, en
consecuencia, también de la Ley de Educación Nacional N° 26.206; los
trabajadores de la educación, reunidos en la CTERA, en el marco del Encuentro
Nacional de Trabajadores de Educación Especial manifestamos lo siguiente:
Apoyamos las propuestas de política educativa contenidas en las Resoluciones
155 y 174 del CFE , concebidas en el marco de la Ley de Educación Nacional (Ley
Nº 26.206), una ley construida con la participación de la sociedad civil.
Entendemos que toda normativa puede ser perfectible, porque la misma se
produce en relación a un contexto y a un tiempo histórico determinado, porque la
realidad social es dinámica y, mucho más, en tiempos de avances en relación a la
constitución de derechos.
Pensamos que una normativa marca una direccionalidad política, es una intención
que debe construirse, no transforma automáticamente la realidad. La legislación
educativa a nivel nacional y en algunas jurisdicciones se ha ido modificando en los
últimos años, la sociedad en su conjunto ha participado en esta transformación,
los avances producidos nos han permitido comenzar a despojarnos de las políticas
educativas neoliberales y recuperar el ejercicio de un derecho fundamental.
Rechazamos las prácticas de judicialización de la política y mucho más las
amenazas, porque entendemos que por este camino no se transforma la
realidad. La discusión política abierta, libre de prejuicios, con fundamentos, que analiza críticamente el presente, reconoce la historia e imagina un porvenir más
justo es la vía para la construcción de nuevas propuestas.
Expresamos nuestro rechazo ante el comentario prejuicioso que dichas entidades
realizan respecto a las organizaciones gremiales. Esta actitud sin fundamento
pone en evidencia, además del prejuicio, el desconocimiento que tienen acerca
de las organizaciones de los trabajadores de la educación, del posicionamiento
crítico y del conocimiento construido y de las luchas sostenidas en defensa del
derecho a la educación del pueblo y de la escuela pública.
Defendemos el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y adultos con discapacidad; y no los intereses particulares y corporativos de
ninguna organización. No nos asumimos como los únicos custodios de dicho
derecho, no somos fiscalizadores -a la distancia- de las conductas, ni aceptamos
las prescripciones de los espacios corporativos o de los especialistas que
prescriben el deber ser.
Rechazamos los análisis dicotómicos y maniqueos, los que junto con la existencia
de prejuicios, terminan confundiendo las prácticas de inclusión o de segregación
de las instituciones educativas según pertenezcan a un determinado nivel o
modalidad. Las miradas segmentadas, binarias, que ubican la inclusión en unas
instituciones y la segregación en otras, no responde a la realidad compleja de las
escuelas y no aportan al análisis del problema. Suponer que la inclusión está
sólo en un lado y que la segregación sólo en otro; o que la instalación de dichas
prácticas se puede producir esquemáticamente por el hecho de ser una escuela
común o una escuela especial, es no entender la complejidad de las instituciones.
Queremos llamar la atención respecto a las simplificaciones que se realizan en
nombre de la educación inclusiva, que sólo reeditan una nueva búsqueda de la
normalización de los sujetos y profundizan las formas homogeneizantes que ignoran las diferencias. El reconocimiento de las diferencias requiere de la
existencia de distintos espacios, con lugar para distintas trayectorias, abiertas y
cambiantes, según las necesidades, posibilidades y dificultades de cada sujeto.
Sostenemos que la integración escolar es una estrategia educativa que sostiene y
despliega las diferencias, no las elimina, no las reduce, ni las disminuye. Y que
para profundizar el desarrollo de esta estrategia educativa -y sin desconocer lo
que se ha realizado- necesitamos un mayor compromiso del Estado nacional y de
cada una de las jurisdicciones, a través de la provisión de los recursos suficientes
y de las condiciones materiales que se necesitan.
Como organización de trabajadores, solicitamos al Ministerio de Educación
Nacional y al Consejo Federal de Educación participación en las decisiones
vinculadas a la educación especial y a la integración escolar, en todo lo referido a
la asistencia de recursos, las definiciones de las condiciones de trabajo y las
discusiones vinculadas a la normativa de la Modalidad.
Finalmente, decimos que las escuelas especiales son instituciones educativas que
asumieron la responsabilidad de educar a los estudiantes con discapacidades a
través de distintas estrategias; y que constituyen un espacio, que no es único y
que también es inclusivo, donde muchos sujetos encuentran la posibilidad de
ejercer su derecho a la educación.
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA
REPÚPLICA ARGENTINA - CTERA -
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2013.-
