Desde la Seccional Uruguay de AGMER repudiamos enérgicamente la solicitud emanada desde la patronal, que en nuestro caso es el Estado Provincial, según la cual se les solicita a los docentes que tengan ingresos brutos anuales y por todo concepto (esto incluye aguinaldo y sueldos antes de que se realicen los descuentos) superiores a 96000 pesos que presenten Declaración Jurada de Bienes Personales.
Esta solicitud se enmarca en una decisión del Gobierno Nacional, y su brazo ejecutor la AFIP, de cobrar impuesto a los asalariados cuando deberían estar más preocupados por luchar contra la corrupción y pelear contra los grandes propietarios a los efectos de favorecer la distribución de la riqueza.
Que nadie se engañe, cuando hablamos de 96000 pesos anuales, incluyendo aguinaldo, estamos hablando de 7384 pesos mensuales antes de que se realicen los descuentos. Para peor, los docentes tenemos un descuento para la jubilación más importante que el resto de los trabajadores lo que trae como consecuencia que quien tiene 7384 pesos mensuales de sueldo bruto termina cobrando menos de 5900 pesos de bolsillo.
No podemos aceptar mansamente que quien tiene un sueldo que en los tiempos actuales, e inflación mediante, es claramente insuficiente para un sector como el trabajador que muchas veces tiene dificultades, por ejemplo para acceder a la vivienda propia, sea sometido a este proceso que busca recortarle aun más los ingresos.
Sin dudas responsabilizamos de esta situación al Gobierno Nacional a quien hemos demandando reiteradamente la modificación de la ley que regula el impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, en especial la eliminación de la 4º Categoría para que los trabajadores no se vean afectados por este impuesto. También responsabilizamos al gobierno provincial que, alineado totalmente con el Nacional, desde el 2007 retiene ganancias a los compañeros trabajadores jubilados y desde el 2012 a los activos.
La demanda, tal como la hemos manifestado reiteradamente también es al Poder Legislativo, puesto que estamos hablando de una ley nacional, y hacia quienes tienen altos ingresos y mantienen sus privilegios de no pagar estos impuesto como es el caso de los jueces. Se pone así en tela de juicio a todos los poderes del Estado en cuanto a su voluntad de distribuir la riqueza y de llevar adelante medidas y políticas tendientes a tener un país socialmente justo.
Desde la Seccional Uruguay aclaramos que solo deben presentar declaración jurada los docentes a quienes se les solicito la misma y próximamente informaremos acerca de una reunión con un contador a los efectos de informar técnicamente al respecto.
A la sociedad le decimos que a pesar de lo bajo de la suma, la mayoría de los docentes no son comprendidos por este impuesto ya que los sueldos que paga el gobierno de Entre Ríos son muy pobres pero que estos impuestos afectan principalmente a quienes llevan años de carrera y/u ocupan cargos directivos. Consideramos injusto que se castigue de esta manera a quienes a través de su perfeccionamiento y sus antecedentes laborales llegaron a ganar un sueldo de más de $ 5.900 mensuales.
LORENA MOLINA
Sec Adjunta
Comisión Directiva Departamental
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